Sucesos que incomodan: Crítica de la vida nacional, política, noticias y columnas.

El arraigo, fábrica de culpables

Pese a los reclamos de activistas sociales, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, el gobierno calderonista se niega a terminar con el arraigo, bajo cuya oprobiosa figura jurídica las autoridades policiacas y militares detienen a cualquier ciudadano que ellas consideran sospechosa.  Tal es el afán por fabricar culpables, que no se preocupan por demostrar si son culpables

Gloria Leticia Díaz, Revista Proceso

Centro de arraigo

Eran las ocho de la noche del 20 de noviembre último cuando un sedán color arena se le cerró al auto que conducía Edwin Emilio Escamilla Cabrera en la ciudad de Pachuca, donde trabaja como policía preventivo. De él descendió un sujeto que le preguntó: “¿Eres hijo de Francisco Escamilla Amado?”…

Sin darle tiempo a responder, lo sacó por la fuerza de su Chevy Monza para subirlo al sedán donde lo esperaban tres personas. Comenzaron a golpearlo; luego lo llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial y siguieron  torturándolo.

Al segundo interrogatorio Edwin, de 29 años, se dobló y firmó un documento en el que aceptó que durante ocho meses colaboró con El Pino, a quien le informaba sobre operativos policiacos. Más tarde se enteró que El Pino se llama José Vega Pérez y trabaja para Los Zetas; supo también que José Augusto Vega Pacheco y 10 policías de Actopan con los que supuestamente está relacionado también estaban detenidos.

Edwin estuvo incomunicado tres días en los separos de la procuraduría hidalguense. De ahí fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia  Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México.

Apenas se enteraron, su madre, Liliana Cabrera Vizueth, y su esposa corrieron para la capital. El día 24 de noviembre su pareja pudo verlo durante cinco minutos, poco antes de que los agentes de la PGR lo se lo llevaran al Centro Federal de Investigación, ubicado en la colonia Doctores, acusado de delincuencia organizada (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/507/2011). Nada pudo hacer la abogada de Edwin, Angélica Nieto Acosta.

Del 26 noviembre al 1 de enero de 2012, Edwin y tres personas estuvieron arraigados en una pequeña celda que tenía una ventana por la que no podían asomarse. Sólo podían salir de su encierro 40 minutos: 10 para tomar sus alimentos y el resto para “ejercitarse”.

Durante ese periodo de cautiverio tuvo que vestir pantalón gris y playera amarilla. Tenía prohibido levantar la mirada aun ante su madre, su mujer y sus dos hijos pequeños que lo visitaron en varias ocasiones; no podía verlos ni tocarlos. “Los niños lloraban desesperados porque no podían tocar a su papá”, cuenta su esposa Érika Hernández.

El 1 de enero, Edwin y los 10 policías de Actopan fueron sacados del centro de arraigo de la PGR.

“A mi hijo lo estuvieron paseando hasta que después apareció en el Cefereso de Villa Aldama; los de la SIEDO sabían que el juez ya no les iba a aprobar la ampliación del arraigo para mi hijo, porque no había nada contra él.

“Al final la SIEDO se sacó de la manga un testigo protegido de nombre Venus, un supuesto sicario de Los Zetas, quien dijo que Edwin era policía municipal de Actopan, pese a que él nunca ha estado en esa ciudad y aun cuando los uniformados de ese municipio dijeron que no conocían a mi hijo. No obstante, el juez de Villa Aldama, Veracruz, le decretó el auto de formal prisión”, relata doña Liliana Cabrera.

Edwin es hijo de Emilio Francisco Escamilla Amado, el comandante de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal de esa ciudad que fue detenido el 29 de junio de 2009 junto con 200 de uniformados hidalguenses por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Hoy, Edwin y su padre, así como los 200 policías, están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 de Villa Aldama.

Doña Liliana y su nuera se ven cansadas. Dicen que aun cuando padre e hijo están recluidos en el penal veracruzano, el proceso contra Francisco es llevado en Tepic, Nayarit, mientras que el de Edwin se sigue en Almoloya, Estado de México.

“Sólo vivimos para ellos. Y aunque no tenemos dinero suficiente, tenemos que estar en todos lados… Sabemos que son inocentes”, sostiene doña Liliana.

• EL CASO ISRAEL ARZATE

Otro caso oprobioso es el de Israel Arzate Meléndez, quien tras ser detenido y torturado por militares terminó por aceptar que él había participado en la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, ocurrida a finales de enero de 2010.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio seguimiento a su caso y en agosto del año pasado emitió la recomendación 49/2011; al mes siguiente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió la liberación de Arzate, juzgado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente en Chihuahua desde 2007.

Arzate estuvo en prisión preventiva durante un año en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Después estuvo bajo arraigo y al vencer el plazo de 10 meses que fija el sistema penal acusatorio el fiscal debió presentar la relación de pruebas y dictaminar sobre su caso, pero no se cumplió con ese procedimiento.

En su informe del 9 de septiembre de 2011, el organismo de la ONU expone que “ante la ausencia de pruebas reales”, el arraigo impuesto a Arzate es “contrario a las normas internacionales de derechos humanos”.

Jacqueline Sáenz Andujo, coordinadora de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez asumió la defensa de Arzate, sostiene que “durante los primeros 10 meses la fiscalía no formuló más elementos contra el detenido. La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz le impuso arraigo domiciliario en la vieja academia de policía de Ciudad Juárez”.

Sáenz Andujo comenta que está por resolverse un amparo contra el arraigo de su cliente; también están en revisión en tribunales colegiados los amparos rechazados contra los autos de vinculación a proceso por el multihomicidio de Villas de Salvárcar y otro por robo de vehículo, “fabricado por los militares para justificar la detención de Israel en flagrancia”.

Guadalupe Meléndez, madre de Israel, cuenta a Proceso las condiciones en que vive su hijo: “La habitaciones donde está arraigado tienen puerta de metal, lo que le impide ver la luz del día; sus custodios no lo dejan hacer ejercicio y lo humillan todo el tiempo. Su alimentación es muy mala y sólo me dejan verlo dos veces a la semana, los martes y los domingos. Yo le llevo comida cada semana para que se prepare”.

Meléndez, quien cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, luego de que una partida de soldados sacó a su hijo del Cereso para que les mostrara dónde vivía su madre, lamenta la incomunicación en que vive Israel.

“Él tiene su esposa y su hijo de 10 años, pero no puede hablar con ellos porque se fueron a El Paso, pues el niño tiene la nacionalidad estadunidense. Hace año y medio que no los ve; no quiere que se involucren en este problema. Pero cada que me llama por teléfono, mi nieto me pregunta cuándo va a salir su papá”, dice la señora.

La abogada Jacqueline Sáenz agrega que la medida cautelar resultó tan restrictiva que los abogados de Israel no pueden verlo sin aviso previo, lo que dificulta la defensa.

“Las autoridades alegan que el arraigo se impuso porque nosotros solicitamos el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero ese trámite lo iniciamos después de que venció el plazo para que aportaran más pruebas contra Israel, además de la confesión que él hizo bajo tortura. Resulta grave que la juez de garantías mantenga en esas condiciones a una persona que nunca debió ser sometida a proceso”, sostiene Sáenz.

Le preocupa, dice, que los vicios del sistema inquisitorio, como las confesiones arrancadas bajo tortura, se reproduzcan en el nuevo sistema, sobre todo “en casos en que hay la legítima exigencia social de respuesta inmediata, como en la de Villas de Salvárcar. Lo penoso es que se violen derechos humanos de Israel para que el gobierno de Chihuahua y el federal puedan decir que cumplieron”.

En su informe, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU –al que el gobierno de Felipe Calderón aún no responde– resalta que mientras a Israel se le han violado sus derechos, “las masacres alegadas y de las que se le ha acusado… siguen en la impunidad”.

El organismo internacional insiste en que Israel Arzate debe ser liberado, y exige una investigación sobre las torturas a las que fue sometido y que haya una reparación “completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.

Además, se sumó a la exigencia de otros organismos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que piden derogar las disposiciones constitucionales y legales que contemplan el arraigo, así como “la facultad otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”.

• LOS ATROPELLOS CONTRA MAURICIO MARICHAL

Alfredo Mauricio Marichal Cancino es músico; además, cursó Estudios Latinoamericanos en la UNAM y está a punto de titularse como licenciado en Comunicación Social en la UAM. Él estuvo sometido a arraigo durante 26 días, y dos días más bajo la custodia de agentes del Ministerio Público de la delegación Magdalena Contreras.

Sobrino de la actriz y promotora cultural Julia Marichal Martínez, Alfredo Mauricio fue considerado el principal sospechoso de su muerte ocurrida el 15 de noviembre último. Recuperó su libertad luego de la detención de Pedro Osvaldo Castellanos González y Ana Betsaida Duarte Acosta, quienes presuntamente confesaron el crimen.

Mauricio, su hermano Bruno y su madre María Luisa Cancino accedieron a narrar la experiencia que vivieron. “No hubo ningún tipo de reparación a nuestra imagen, ni siquiera una disculpa”, sostiene Mauricio, quien atribuye su liberación a las manifestaciones que organizaron sus  compañeros de la universidad y sus amigos y familiares que, dice, sabían que él era inocente.

Relata que todo empezó con una denuncia presentada a finales de noviembre por la familia Marichal en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), luego de que detectaron que Julia Marichal no contestaba las llamadas telefónicas.

El 2 de diciembre los agentes de la dependencia pidieron a la familia que abrieran la casa de la actriz para investigar. Ese día Mauricio disponía de tiempo y decidió apoyar a los investigadores.

“Todo fue muy extraño. Cuando ingresamos a la casa de mi tía observé que los agentes agarraban las cosas sin cuidado. Cuando salimos, unos agentes se fueron directo al patio, abrieron la cisterna y sacaron una bolsa y comenzaron a decir que era la cabeza de mi tía”, relata Mauricio.

El joven fue llevado a la agencia investigadora de Magdalena Contreras, invitado por los agentes para que diera cuenta del hallazgo. Del día 2 al 4, Mauricio estuvo en poder de los agentes y no le permitió ver a su familia ni a su abogada.

“No me dejaban dormir, llegaban y me decían que les explicara cómo había matado a mi tía, otro me decía que sólo un familiar pudo haber cometido un crimen así y que era por una herencia”, dice el entrevistado.

En la sala de espera de la delegación, su familia era también maltratada por los agentes ministeriales. “Nos querían vender en 20 mil pesos el expediente desde el principio”, asegura la madre de Mauricio.

El 4 de diciembre, el juez 31 penal otorgó a la PGJDF una orden para arraigar a Mauricio. Su abogada no estuvo presente.

En el centro de arraigos, ubicado en Azcapotzalco, Marichal compartió un espacio de tres por seis metros con cuatro personas. “Como el delito que me achacaban era grave, conmigo estaban personas acusadas de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Yo me sentía amenazado porque los custodios no tenían cuidado con mis datos personales.

“Delante de todos decían que yo era músico, que era primo de Kalimba y que había matado a mi tía actriz; algunos me hostigaban y me decían que de cuánto había sido la herencia y que yo estaba bien panqué (adinerado)… Estás encerrado con esa gente 21 horas del día, sin hacer nada, sólo puedes salir de la celda tres horas”.

Durante el tiempo de visita, de 12 a 15 horas, “los agentes me sacaban a diligencias, esposado. Hacían que corriera el tiempo para que no viera a mi familia; me decían que no me querían, que se habían olvidado de mí”.

En el centro de arraigos capitalino, recuerda Mauricio, a los detenidos se les obliga a caminar sobre una línea y son esposados a sillas durante las diligencias o cuando reciben visitas. “Es doloroso ver a un familiar al que no puedes abrazar”.

Mientras estaba arraigado, su familia fue sometida a investigación. Sus celulares y sus teléfonos fijos, así como sus correos electrónicos, fueron intervenidos; incluso fueron citados por el Ministerio Público para que declararan sobre el asesinato de Julia Marichal.

“Era desesperante  y desmoralizante, porque al paso del tiempo te ibas dando cuenta que a los agentes no les interesaba saber la verdad, sino hacernos caer en contradicciones para incriminar a mi hermano”, comenta Bruno, quien durante el tiempo en que Mauricio estuvo arraigado sintió impotencia, desesperación e insomnio.

Bruno y su madre María Luisa recuerdan que durante ese periodo algunas revistas “nefastas” publicaron datos tergiversados de la averiguación previa, así como fotografías de la reconstrucción de los hechos filtradas por la procuraduría capitalina.

Hoy, Mauricio Marichal se siente desalentado por los gastos que hizo su familia para demostrar su inocencia, por las filtraciones de la procuraduría y por el manejo de sus datos personales durante el arraigo. “Quedamos muy expuestos ante la delincuencia”, resume.

Dice que como lo acusaron de feminicidio, hoy “muchas vecinas me cierran la puerta cuando me ven; incluso una de mis sinodales de la UAM simplemente me dijo que no quería saber de mí”.

Para él, lo peor de todo es que aun cuando los presuntos asesinos ya confesaron y la procuraduría encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, aspirante a jefe de gobierno, fue incapaz de formularle una acusación sólida, no le han reparado los daños.

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